Los trabajadores y trabajadoras de varios países europeos salen a las calles para defender sus derechos
Los gobiernos de diferentes países de Europa se enfrentan desde hace varias semanas a las protestas y huelgas de los trabajadores y trabajadoras, que reclaman mejoras en sus condiciones laborales en medio de una nueva crisis económica, la inflación de los precios y la recesión de la economía.
En Francia, cientos de miles de personas han salido a las calles para protestar contra la reforma de las pensiones. La edad mínima de jubilación en este país es de 62 años, pero el gobierno de Emmanuel Macron pretende aumentar esta cifra hasta los 64 años: esto significa que los trabajadores franceses estarán obligados a trabajar dos años más antes de poder jubilarse.
Se trata de la segunda jornada de huelga en poco más de una semana. Los sindicatos calculan que 2,8 millones de personas salieron a la calle, mientras que la policía francesa rebaja la cifra a 1,3 millones de manifestantes. Están previstas nuevas manifestaciones para los días 7 y 11 de febrero.
Las huelgas generales son habituales en Francia, donde los sindicatos están muy bien organizados y movilizan a una gran parte de los trabajadores. Estas protestas suelen estar respaldadas por paros de actividad en diferentes sectores, como el transporte público o la educación. De este modo, más personas pueden unirse a las movilizaciones.
También en el Reino Unido, los trabajadores públicos se manifiestan desde hace semanas para reclamar una mejora en las condiciones de trabajo. Profesores, conductores de tren, enfermeras y otros funcionarios públicos denuncian los recortes de presupuesto y exigen un aumento de los salarios para poder hacer frente al aumento del coste de vida.
Para hacer frente a esta situación, el gobierno británico liderado por Rishi Sunak ha presentado un proyecto de ley para mantener unos servicios mínimos durante la huelga. Esta ley obligaría a trabajar a un número determinado de trabajadores para mantener en funcionamiento servicios como hospitales, escuelas, parques de bomberos o servicios de rescate.
Sin embargo, los trabajadores denuncian que este proyecto de ley supone una vulneración de los derechos de los trabajadores a manifestarse. Se calcula que 500.000 funcionarios de diferentes sectores han participado en la huelga de este miércoles 1 de febrero.
En otros países como España, Alemania o Italia también se han convocado paros en sectores como el transporte, los servicios o la sanidad pública, aunque no han tenido un seguimiento tan masivo.
Crisis económica sobre la clase trabajadora
Las protestas ciudadanas están motivadas sobre todo por la crisis económica, que ha tenido varios efectos sobre la población. Por un lado, la recesión económica (cuando la actividad económica de un país disminuye) ha afectado al presupuesto de los gobiernos, que tienen menos dinero para invertir en políticas públicas o pagar a los funcionarios, cuyo sueldo depende del Estado.
Por otro lado, la inflación económica, que implica una subida generalizada de los precios de consumo: desde los alimentos hasta las materias primas, como el combustible para vehículos o el gas para la calefacción.
En el Reino Unido, por ejemplo, la inflación ha superado el 10%, una de las cifras más altas en Europa. Esto significa que los precios de los productos son un 10% más altos de lo que eran hace un año; en cambio, los sueldos siguen siendo los mismos: de ahí las dificultades económicas de gran parte de la población.
Esta situación afecta sobre todo a las clases trabajadoras y a las personas con menos recursos, que no pueden hacer frente a la subida de precios ni pagar los suministros básicos de agua, electricidad o gas. Una de las consecuencias más graves de la crisis es el aumento de la pobreza: cada vez más personas no pueden permitirse pagar las facturas o dependen de los bancos de alimentos.
Derechos de los trabajadores
El derecho a huelga es uno de los derechos más importantes de los trabajadores y trabajadoras: es un instrumento de presión para mejorar sus condiciones laborales al mismo tiempo que están protegidos legalmente. De esta forma, la empresa no puede acusarlos de incumplir su contrato y, por lo tanto, no puede despedirles.
Sin embargo, el derecho a huelga solo está reconocido por la legislación laboral en una minoría de países. En 2022, las huelgas fueron restringidas o incluso prohibidas en el 87% de los países, según el Índice Global de los Derechos Laborales elaborado por la Confederación Sindical Internacional, entidad que representa a 200 millones de trabajadores en 168 países y territorios.
El informe también señala que, en el último año, los derechos de los trabajadores se han visto vulnerados en todo el mundo. Cada vez hay más países que impiden a los trabajadores crear o afiliarse a un sindicato, mientras que los líderes sindicalistas continúan siendo perseguidos por la justicia, amenazados o incluso asesinados por defender los derechos colectivos de sus compañeros.
Organizarse en sindicatos o comités de empresa permite que los trabajadores y trabajadoras de una empresa puedan defender sus derechos de forma colectiva, lo que da más fuerza a sus reivindicaciones: mejoras en el salario, bajo laboral en caso de enfermedad, derecho a sindicarse, derecho a indemnización en caso de despido…
