Cientos de miles de personas salen a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Macron
Los trabajadores y trabajadoras de Francia han convocado una nueva jornada de huelga general para protestar contra la reforma de las pensiones, que retrasa la edad de jubilación mínima de los 62 a los 64 años. Esto significa que los franceses deberán trabajar dos años más antes de poder jubilarse.
Las protestas sociales contra esta medida se han extendido por todo el país y en diferentes sectores. Hay paros en el transporte público, en la educación (muchas clases se han suspendido) y los servicios públicos de limpieza: en ciudades como París, la basura se acumula desde hace días en las calles debido a la huelga de los trabajadores.
Los camioneros han cortado varias carreteras, mientras que en otros puntos del país se han abierto los peajes para dejar pasar los vehículos sin pagar. Los trabajadores de varias refinerías bloquean el acceso a los depósitos para boicotear la producción de combustible y paralizar la actividad de otros sectores.
Desde hace varias noches, se producen enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en muchas ciudades francesas. Se han quemado motos, contenedores y otro mobiliario urbano, además de romper escaparates y marquesinas. La policía ha lanzado gas lacrimógeno para dispersar las revueltas y ha detenido a más de 300 personas.
Esta es la novena huelga general convocada por sindicatos y trabajadores para protestar contra las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha acabado aprobando la nueva ley por decreto sin contar con el respaldo de la mayoría política.
Aprobación por decreto
La reforma de las pensiones no contaba con el apoyo de la población ni de la mayoría de grupos políticos, por eso Emmanuel Macron ha decidido aprobarla por decreto: esto significa que el presidente tiene la autoridad para aprobar una ley de forma directa, sin que sea debatida entre los diputados de la Asamblea Nacional (la cámara baja en Francia).
La forma más habitual de aprobar una ley es someterla a debate en el congreso y/o el senado (dependiendo del sistema político de cada país, que puede tener una o dos cámaras legislativas). Sin embargo, de forma excepcional, si el gobierno de turno considera que una ley es imprescindible para la estabilidad del país y que no contará con un respaldo suficiente, puede aprobarla sin debatirla como decreto ley.
En este caso, Macron defiende que la reforma de las pensiones es necesaria para mantener la economía y el sistema de pensiones en un futuro. Francia tiene más de 30 millones de trabajadores en activo: obligarles a trabajar dos años más antes de jubilarse implica una importante fuente de ingresos a través de los impuestos que se deducen de su salario.
No obstante, esta decisión ha tenido consecuencias políticas. En Francia, el artículo 49.3 de la Constitución permite al gobierno aprobar una ley sin tener que votarla, pero a cambio de someterse a una moción de censura. En esta ocasión se han presentado dos propuestas de moción contra el gobierno de Macron, liderado por la primera ministra Élisabeth Borne.
La primera fue presentada por varios partidos de la oposición de izquierdas y se quedó a tan solo 9 votos de destituir al gobierno: obtuvo 278 votos de los 287 necesarios para salir adelante. La segunda moción estaba impulsada por los diputados de ultraderecha y solo obtuvo 94 votos. Desde que ganó las elecciones en abril de 2022, el gobierno de Macron ha tenido que hacer frente a 16 mociones de censura.
Una vez superadas las mociones, se considera que la reforma de las pensiones está aprobada. Sin embargo, varios partidos han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional: de este modo, hasta que no se resuelva el proceso judicial, la ley no podrá entrar en vigor.
¿Cómo funciona el sistema de pensiones?
La pensión de jubilación es una prestación que el Estado paga con fondos públicos a aquellas personas que han trabajado durante un tiempo determinado y que, por edad, ya se han retirado. El objetivo es que, aunque ya no puedan trabajar, sigan recibiendo de forma periódica unos ingresos para poder vivir.
Los trabajadores perciben cada mes un sueldo o salario y, de esta cantidad de dinero, se deduce una parte: son los impuestos, que sirven para financiar diferentes servicios públicos como la sanidad, la educación, la construcción de infraestructuras o las propias pensiones.
La pensión de cada trabajador o trabajadora se calcula en función a una serie de variables: cuántos años ha trabajado, cuánto dinero ha aportado a la seguridad social, cuáles son sus circunstancias personales (si tiene una familia numerosa, si tiene alguna persona a su cargo, si posee otros bienes de los que reciba ingresos, etc.). De este modo, no todos los jubilados cobran lo mismo.
Este sistema se define a través del principio de “solidaridad financiera”: los trabajadores de hoy sostienen el actual sistema de pensiones y en un futuro, cuando ellos se jubilen, se beneficiarán del trabajo que realicen las generaciones más jóvenes.
El problema es que muchos países europeos se están viendo afectados por el envejecimiento de la población: cada vez hay menos nacimientos y más gente mayor. Esto significa que cada vez hay más jubilados que cobran una pensión y, al mismo tiempo, falta gente joven que pueda trabajar y cotizar (pagar impuestos a los fondos públicos). Por eso varios gobiernos están aplicando reformas para retrasar la edad de jubilación.
