Ejército y paramilitares se enfrentan en Sudán

El enfrentamiento entre estos dos grupos armados provoca decenas de muertos y empeora la situación política en el país

Sudán sigue inmerso en una crisis política y militar que tiene graves consecuencias para la población. Hace meses que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), el ejército sudanés, se disputan el poder con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, pero en los últimos días los combates se han intensificado y han provocado decenas de muertos y miles de heridos.

Las SAF, lideradas por el general Abdelfatah al Burhan, han bombardeado varias bases militares de las RSF en Jartum, la capital sudanesa, y otras ciudades del país. Por su parte, las RSF, lideradas por el general Mohamed Hamdan ‘Hemedti’ Dagalo, han atacado el cuartel general de las fuerzas armadas e intentan llegar hasta el Palacio Presidencial, donde Al Burhan tiene su residencia.

Las Naciones Unidas han informado de 185 muertos y más de 1.800 heridos, pero las cifras seguramente son mucho más altas porque hay zonas a las que los servicios de emergencia no pueden llegar. En Jartum hay cortes de agua y electricidad y los negocios y tiendas han cerrado, las calles están vacías por miedo a los combates. 

También hay combates cerca de la sede de la televisión y radio públicas, en las afueras de Jartum. Controlar las emisiones informativas supone una gran ventaja en el conflicto, ya que permite ofrecer una versión determinada de los enfrentamientos y posicionar a la población a favor de un bando u otro.

Tanto el Ejército como las RSF utilizan tanques y artillería pesada dentro de zonas pobladas, lo que incrementa el riesgo de víctimas mortales. El Comité Central de Médicos de Sudán, una organización que hace un seguimiento de las víctimas, ha denunciado que los militares han atacado hospitales y centros sanitarios, lo que supone una violación de las leyes humanitarias internacionales.

Desde que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado en 2019, una Junta Militar ha gobernado en el país. El objetivo inicial era crear un gobierno de transición y que los militares cedieran el poder a los civiles, pero la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos y étnicos han hecho fracasar cualquier intento de gobierno democrático.

De la dictadura a la Junta Militar

El origen de este conflicto se remonta a 2019: aquel año, las protestas y movilizaciones sociales acabaron con la dictadura de Omar al Bashir, que había gobernado el país durante 30 años. La pobreza, la falta de alimentos y productos básicos y el mal funcionamiento de la economía hicieron que decenas de miles de personas salieran a la calle durante meses.

Finalmente, el Ejército apoyó a los manifestantes y llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al dictador. Se disolvió el Parlamento y todos los gobiernos regionales y se anunció un gobierno de transición que debía durar dos años y organizar unas elecciones democráticas. Sin embargo, la Junta Militar nunca ha cedido su poder y ha seguido controlando este gobierno provisional. 

En octubre de 2021, el Ejército llevó a cabo otro golpe de Estado e hizo detener a varios miembros del gobierno, entre ellos el primer ministro, Abdalá Hamdok. Los militares culpaban a Hamdok de no haber sido capaz de aplicar reformas y mejorar la situación del país, pero la oposición política y los grupos democráticos veían una explicación muy distinta: el general Al Burhan quería mantenerse en el poder.

Las RSF también participaron en el golpe de Estado de 2021. Uno de los objetivos de la transición era la integración de las RSF dentro del Ejército, pero los paramilitares no estaban de acuerdo porque estarían bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. De este modo, el conflicto se ha convertido en un pulso personal entre el general Al Burhan y el general Hemedti, que se disputan el control del país.

Un país sumido en la pobreza

La población de Sudán hace décadas que sufre los efectos de la violencia armada: guerras civiles, enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos e incluso el genocidio de Darfur, en el que 300.000 personas de minorías étnicas africanas fueron asesinadas por el gobierno de Omar al Bashir, de mayoría árabe, entre 2003 y 2008.

Esta violencia ha impedido el desarrollo y crecimiento económico del país: la guerra ha arrasado los cultivos y ha destruido gran parte de las infraestructuras. Además, los conflictos obligan a miles de personas a abandonar sus hogares y depender de la ayuda humanitaria.

Por otro lado, en 2011, la región sur de Sudán se independizó y creó un nuevo estado: Sudán del Sur. Esta separación tuvo consecuencias económicas para Sudán porque ya no podía contar con los beneficios de las explotaciones petrolíferas, que suponían la mitad de los ingresos del país y un 95% de sus exportaciones, según datos del Banco Mundial.

La falta de ingresos ha provocado una inflación muy elevada de los precios, es decir: como los productos son difíciles de conseguir y hay muy pocos, los precios suben y son muy caros, pero los salarios siguen siendo igual de bajos para la mayoría de la población. El resultado es que solo los más ricos pueden permitirse comprar alimentos y productos de primera necesidad. 

Como consecuencia, casi una tercera parte de la población sudanesa (sobre todo en la región de Darfur) vive en la pobreza y está en situación de inseguridad alimentaria, lo que significa que no tienen acceso o no pueden adquirir los alimentos y nutrientes necesarios para su salud. 

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