La llegada de la barcaza al puerto de Portland ha coincidido con la aprobación en el Parlamento británico de una ley de inmigración ilegal
La semana pasada llegaba al puerto de la isla de Portland, al sur de Inglaterra, la barcaza Bibby Stockholm, una embarcación destinada a alojar solicitantes de asilo. El gobierno británico defiende el uso de barcazas como esta como una alternativa de alojamiento asequible para los migrantes ilegales que piden asilo. Sin embargo, las organizaciones humanitarias ven en el Bibby Stockholm una «prisión flotante» donde las condiciones de vida podrían vulnerar los derechos humanos.
El Reino Unido tiene actualmente más de 160.000 solicitudes de asilo pendientes de tramitación. Unas 51.000 de estas personas viven alojadas en hoteles, lo que supone para las arcas públicas un coste diario de más de seis millones de euros.
Según ha explicado el Ministerio del Interior, la barcaza es una alternativa más barata que alojar personas en hoteles. Los costos diarios de seguridad, sanidad y alimentación en el Bibby Stockholm serán de aproximadamente 23.000 euros.
Esta barcaza cuenta con tres cubiertas y 220 habitaciones con baño, ducha y otros servicios. La embarcación tiene capacidad para alojar a 506 personas y se destinará exclusivamente a hombres adultos solteros que hayan llegado de manera irregular a las costas del sur de Inglaterra.
Los primeros 50 migrantes irregulares llegarán al condado de Dorset en las próximas semanas. El Gobierno británico prevé que los residentes permanezcan en la barcaza entre tres y seis meses.
Estos refugiados se alojarán en el Bibby Stockholm mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Según el Gobierno, los migrantes podrán entrar y salir del barco diariamente, en realidad estarán bajo vigilancia constante, cercados en una zona portuaria de alta seguridad, y deberán firmar su entrada y salida en un libro de registro.
La ubicación aislada dificulta el acceso a centros de apoyo y solidaridad para los solicitantes de asilo.
La llegada del centro de reclusión flotante el pasado martes a las costas de Portland ha generado protestas entre los vecinos de la zona. Hay también preocupación ante el posible uso de los detenidos para trabajos no remunerados, así como por las condiciones de vida en el barco, donde puede darse una situación de hacinamiento y falta de privacidad.
Un pasado esclavista
Según Corporate Watch, el Bibby Stockholm ya fue utilizado en el pasado como centro de detención en diversos lugares. Entre 1994 y 1998, se utilizó para albergar a personas sin hogar y solicitantes de asilo en Hamburgo (Alemania).
En 2005, sirvió para detener a solicitantes de asilo en los Países Bajos. De esa época constan informes sobre palizas, explotación sexual y falta de atención médica adecuada a bordo.
En 2017, se consideró usar el barco como alojamiento para estudiantes en Irlanda, pero la idea fue finalmente descartada.
La barcaza es propiedad de Bibby Line Group Limited, una empresa del Reino Unido que ofrece servicios financieros, marítimos y de construcción a clientes en al menos 16 países en todo el mundo.
Da la casualidad que esta empresa fue fundada por John Bibby en 1807, el mismo año en que se abolió la esclavitud en el Reino Unido. Sin embargo, antes de esto, John Bibby había sido dueño de tres barcos «negreros», según consta en la base de datos SlaveVoyages.
Estos barcos esclavistas son el Harmonie, que en 1805 transportó 250 esclavos angoleños a las Guayanas Británicas; el Sally, que en 1806 llevó 250 esclavos nigerianos a Barbados; y el Eagle, que en 1806 entregó en Kingston, Jamaica, 237 esclavos cameruneses.
Nueva ley de inmigración ilegal
La llegada de la prisión flotante al puerto de Portland ha coincidido con la aprobación, en el Parlamento británico, de un polémico proyecto de ley migratoria para acelerar las deportaciones.
La ley, impulsada por el gobierno del conservador Rishi Sunak, ha sido aprobada a pesar de las críticas de organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y la Cámara de los Lores.
Con esta ley se impide que los migrantes irregulares puedan solicitar la condición legal de refugiados, lo que da luz verde a la deportación inmediata a su país de origen o a un tercer país considerado seguro. El texto está ahora pendiente de la aprobación real para convertirse en ley.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha condenado la ley por violar obligaciones internacionales y derechos humanos en el Reino Unido.
Según la ONU, la ley niega el acceso al asilo en el Reino Unido a quienes llegan de manera irregular después de pasar por un país donde no enfrentan persecución. Se les prohíbe presentar solicitudes de protección como refugiados o reclamaciones de derechos humanos, y se requiere su traslado a otro país sin garantías de protección.
Esta legislación expone a los refugiados a graves riesgos y vulnera el derecho internacional, además de entrar en conflicto con los estándares de derechos humanos, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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