Más del 60% de la población vota en contra del nuevo texto, más progresista y reformista con el sistema actual
La mayoría de la población de Chile ha decidido rechazar la nueva propuesta de constitución respaldada por el actual gobierno. El 62% de los chilenos ha votado en contra de la nueva constitución (casi 7,9 millones de votos), frente al 38% de los que han votado a favor (poco más de 4,8 millones).
Más de 15 millones de personas estaban llamadas a las urnas en este referéndum. El voto era obligatorio por primera vez en más de una década, por eso se consideraba una votación histórica. Al conocerse los primeros datos del escrutinio, miles de personas han salido a las calles para celebrar el resultado.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha reconocido que el nuevo texto no ha conseguido representar a toda la ciudadanía, tanto a los votantes de izquierdas como a los de derechas. Por eso ha anunciado cambios en su gobierno, para dar voz a todos los sectores y resolver problemas como la inseguridad, la desigualdad económica o la pobreza.
Chile ha vivido numerosas protestas sociales desde finales de 2019, que denuncian la pobreza que afecta a las clases media y baja y reclaman más derechos sociales. Este movimiento popular ha provocado varios cambios políticos en los últimos años.
Por un lado, en octubre de 2020 se convocó un referéndum para cambiar la constitución: el 78% votó a favor de redactar una nueva constitución que sustituyera a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Por el otro, en diciembre de 2021 se produjo un cambio histórico en el gobierno de Chile: Gabriel Boric, que representaba a una coalición de partidos de izquierdas, ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de izquierdas desde Salvador Allende, que gobernó entre 1970 y 1973, antes del golpe de estado liderado por Pinochet.
El referéndum constitucional de 2020 y la elección de Boric parecían indicar un giro a la izquierda en este país sudamericano. Así pues, ¿por qué la población chilena no ha aprobado el texto propuesto por el gobierno?
¿Por qué se ha rechazado la nueva constitución?
La redacción de la nueva constitución empezó en julio de 2021, pocos meses después del referéndum, y se alargó durante nueve meses en medio de la pandemia. Se creó una Convención Constitucional formada por 155 miembros que fueron elegidos directamente por la población chilena (en lugar de ser nombrados por el gobierno, como suele suceder).
Para garantizar al máximo la representatividad, la Convención priorizó la paridad de género: 77 mujeres y 78 hombres. También incluyó a representantes de las diez naciones indígenas en Chile, que hasta ahora habían quedado al margen de la mayoría de decisiones políticas.
El nuevo texto era una de las constituciones más progresistas del mundo y proponía importantes reformas sociales, además de promover el feminismo y el ecologismo como pilares del nuevo sistema político. Entre las medidas más destacadas estaban la nacionalización del agua como bien público (hasta ahora en manos de empresas privadas) y la paridad por ley en los órganos públicos (el 50% de los representantes debían ser mujeres).
También destacaba el concepto de plurinacionalidad, que ha sido uno de los más polémicos. De acuerdo con este principio, el gobierno chileno debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y reconocer sus tierras y los recursos naturales que contienen (explotados principalmente por empresas extranjeras).
Los sectores de derechas y conservadores han criticado estas propuestas por ser demasiado rompedoras y han llevado a cabo una campaña a favor del “rechazo”. La desinformación también ha jugado un papel muy importante en este referéndum: se difundieron rumores como que, si ganaba la nueva constitución, desaparecería la propiedad privada y que los pueblos indígenas podrían independizarse.
La desinformación "brutal" sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas) https://t.co/KhTH5Us5qo
— BBC News Mundo (@bbcmundo) July 21, 2022
El “no” a esta constitución ha supuesto un revés para el gobierno de Gabriel Boric y un freno para las políticas de izquierdas. El presidente ha anunciado su intención de poner en marcha una nueva comisión que redacte un texto más representativo para toda la ciudadanía.
El legado de la dictadura
Las protestas de 2019 estallaron por una subida en los títulos de transporte, pero pronto se extendieron para reclamar un reparto más justo de la riqueza. El gobierno de entonces, liderado por una coalición de partidos de derechas, reprimió las manifestaciones con dureza.
Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina, pero la pobreza ha aumentado en los últimos años, según datos oficiales. El origen de esta desigualdad está en la dictadura de Augusto Pinochet, que creó una constitución para beneficiar a los más ricos.
Pinochet impuso un modelo económico liberal que favorecía a las empresas privadas: se privatizaron servicios básicos como el abastecimiento de energía, la sanidad o la educación. Al mismo tiempo, los servicios públicos como la educación o la asistencia sanitaria quedaron desprotegidos.
La dictadura terminó en 1990, pero desde entonces se han encadenado diferentes gobiernos conservadores y de centroderecha que han mantenido este sistema sin redistribuir la riqueza. Hoy en día, una parte muy importante de la población tiene problemas para pagar una vivienda, recibir asistencia médica o acceder a unos estudios superiores.
