Diez años del fin de ETA

La banda terrorista anunció que dejaba las armas hace diez años pero las consecuencias del conflicto siguen muy presentes en la sociedad vasca

El 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anunció que dejaba las armas tras casi 50 años de lucha armada en España y Francia. Durante este tiempo, los integrantes de la banda llevaron a cabo centenares de atentados para obligar al gobierno español a negociar la independencia de los territorios vascos.

ETA era una organización revolucionaria que quería lograr la independencia de Euskal Herria, un territorio que comprende las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, en territorio español (las tres primeras forman la comunidad autónoma del País Vasco), y el País Vasco francés, dentro de las fronteras de Francia.

ETA se fundó en 1958 como una asociación nacionalista que quería luchar contra la dictadura de Francisco Franco, siguiendo el ejemplo de otros movimientos revolucionarios que luchaban contra regímenes dictatoriales, como en Argelia o Cuba. Durante los primeros años realizó varias acciones violentas, pero no fue hasta la Asamblea de 1964 que sus integrantes votaron a favor de la lucha armada para lograr sus objetivos. 

Para financiarse y comprar armas, ETA extorsionaba a los empresarios vascos con el llamado “impuesto revolucionario”: enviaban cartas reclamando el pago de una cantidad de dinero para contribuir a la causa, bajo la amenaza de destruir sus negocios o incluso de hacerles daño a ellos y a sus familias.

Entre 1964 y 2011 llevó a cabo más de 3.000 atentados que provocaron la muerte de 853 personas e hirieron a más de 6.000, según los últimos datos oficiales del gobierno español. La mayoría de sus víctimas fueron policías y militares, pero también hubo víctimas civiles como jueces, políticos y empresarios.

Los secuestros, asesinatos y bombas marcaron la historia de España durante el final de la dictadura franquista (1939-1975) y el inicio de la transición democrática en España. En 1973 asesinaron a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y figura clave del régimen de Franco. El atentado más grave se produjo en 1987 en un Hipercor de Barcelona, donde las bombas provocaron 21 muertos.

Las dificultades del proceso de paz

A partir de la década de 1980, ETA declaró varias treguas y altos al fuego. La vía armada no estaba consiguiendo resultados así que, una vez terminada la dictadura, la banda terrorista intentó negociar con el gobierno español una salida pacífica al conflicto. Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a dejar que el País Vasco se independizara, así que las conversaciones siempre fracasaban y volvían los atentados. 

Dentro de la propia organización, había opiniones enfrentadas entre los que querían abandonar la lucha armada y los que eran partidarios de continuar. También entre la izquierda abertzale, el movimiento nacionalista vasco que agrupaba varios partidos y formaciones de izquierdas. 

El gobierno español llegó a ilegalizar partidos políticos como Batasuna porque consideraba que apoyaban directamente a ETA. Sin embargo, una parte de los políticos y de la sociedad civil consideraba que la izquierda abertzale, e incluso los presos y antiguos miembros de ETA, también debían formar parte de las negociaciones de paz.

En septiembre de 2010, ETA envió un comunicado en vídeo a la cadena británica BBC en el que anunciaba un cese de la violencia. Hacía meses que se había creado un grupo internacional de mediadores que trabajaban con todas las partes implicadas para encontrar una solución al conflicto vasco: la banda terrorista y el gobierno español, pero también con miembros del gobierno vasco, de la izquierda abertzale y de la sociedad.

Un año después, el 17 de octubre de 2011 tuvo lugar la Conferencia de Paz de San Sebastián, en la que personalidades políticas de varios países y representantes de la sociedad vasca pedían poner fin al conflicto. Tres días después, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada.

Una sociedad dividida

Durante los años que ETA estuvo activa, una parte de la sociedad vasca vivió con mucho miedo, sobre todo políticos, empresarios y policías que vivían en el País Vasco, que se convirtieron en el principal objetivo de la banda y debían ir constantemente con escolta. Más de la mitad de los asesinatos de ETA tuvieron lugar en el País Vasco.

Al otro lado estaban las familias de los presos de ETA y su entorno, que sufrieron la represión de las autoridades durante el franquismo, pero también en la Transición democrática. Los grupos abertzale más radicales estuvieron perseguidos e incluso fueron víctimas del terrorismo de Estado.

A día de hoy, los efectos del conflicto en la sociedad vasca siguen muy presentes. Una de las grandes reclamaciones para lograr la reconciliación es poner fin a las políticas penitenciarias de excepción, que imponen condenas más duras a los presos etarras. Por ejemplo, se les envía a cárceles lejos del País Vasco (lo que dificulta las visitas de familiares) o se imponen penas de cárcel muy prolongadas, que van en contra del objetivo de reinserción del sistema penal en España.

En los últimos días se han celebrado varias concentraciones para defender los derechos de los presos de ETA, organizadas por plataformas de familiares y a favor de la amnistía. En cambio organizaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo las consideran homenajes encubiertos a los terroristas.

Una parte de las víctimas, en cambio, apuesta por perdonar a los asesinos para poner fin al conflicto, el odio y a la división. Es el caso de Maixabel Lasa, que en el año 2000 perdió a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Una década más tarde, Lasa recibió la carta de uno de los asesinos de su marido, que le pedía que le visitara a la cárcel para pedirle perdón. 

En el décimo aniversario del fin de ETA, miembros destacados de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi, que fue miembro de Batasuna y estuvo encarcelado por su vinculación con la banda terrorista, ha pedido perdón a las víctimas y ha reconocido que la lucha armada nunca debió ser el camino.

GAL: la guerra sucia del estado

Las diferentes fuerzas policiales en España trabajaron conjuntamente para intentar detener la actividad terrorista de ETA. Investigaban a la banda y a sus componentes para descubrir dónde se reunían y cuáles podían ser los siguientes objetivos, y evitar así nuevos atentados. 

Sin embargo, a finales de la década de 1980 se destapó la existencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), unos grupos parapoliciales que actuaban al margen de la ley para combatir a la banda terrorista. El escándalo fue todavía mayor cuando se descubrió que habían sido financiados por el propio gobierno español entre 1983 y 1987, durante el gobierno socialista de Felipe González.

Los GAL practicaron el llamado terrorismo de Estado, lo que significa que llevaron cabo asesinatos, secuestros y torturas financiados con dinero público. Actuaban de forma indiscriminada y detenían a personas sospechosas de colaborar con ETA sin respetar sus derechos. Asesinaron a 27 personas.
José Barrionuevo, ministro del Interior en aquella época, y Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, fueron juzgados como responsables políticos de los GAL e ingresaron en prisión en 1998. Sin embargo fueron indultados por el gobierno y puestos en libertad al cabo de pocos meses.

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