25 diciembre 2024
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25 diciembre 2024

Encuentran una fosa común de la Guerra Civil con 150 cuerpos

Los restos hallados corresponden a víctimas ejecutadas por el ejército franquista en julio de 1936, al inicio del conflicto en España

Un equipo arqueológico ha encontrado en el cementerio de Belchite, un pequeño pueblo de poco más de 1.500 habitantes en el noreste de España, una fosa común con los restos de 150 personas fusiladas por el bando franquista al inicio de la guerra civil española (1936-1939). La exhumación ha sido promovida por la asociación Mariano Castillo Carrasco, que era el alcalde de la población cuando estalló el conflicto y fue detenido por pertenecer al bando republicano.

Los arqueólogos han trabajado a partir del testimonio de Constantino Lafoz Garcés, miembro del ejército franquista y uno de los responsables de las ejecuciones. Lafoz era miembro de la Falange Española, partido de ideología fascista que ejerció una fuerte represión contra los sublevados durante el conflicto militar y también después, durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

En septiembre de 1937, cuando ya hacía un año que había empezado la guerra, Lafoz fue detenido e interrogado por el ejército republicano. Según su declaración, los fusilamientos en Belchite tuvieron lugar el 20 de julio de 1936, durante la primera semana de la Guerra Civil.

Lafoz declaró que se fusilaron a 200 personas dentro del cementerio y a otras 200 alrededor del pueblo, siguiendo las órdenes de los jefes de la Falange. En su declaración reconoció haber ejecutado a 50 civiles él mismo.

En septiembre de 1937, cuando ya hacía un año que había empezado la guerra, Lafoz fue detenido e interrogado por el ejército republicano. Según su declaración, los fusilamientos en Belchite tuvieron lugar el 20 de julio de 1936, durante la primera semana de la Guerra Civil.

Lafoz declaró que se fusilaron a 200 personas dentro del cementerio y a otras 200 alrededor del pueblo, siguiendo las órdenes de los jefes de la Falange. En su declaración reconoció haber ejecutado a 50 civiles él mismo.

Belchite también es conocido por haber sido el escenario de una de las batallas más duras de la Guerra Civil española: la Batalla de Belchite, que se alargó durante dos semanas entre agosto y septiembre de 1937. El ejército republicano quiso atacar por sorpresa a las tropas nacionales de Franco y cortarles el paso hacia el norte, pero la ofensiva no funcionó. Murieron 5.000 personas y el pueblo acabó completamente devastado.

Una vez terminó la guerra, Franco decidió no reconstruir el pueblo sino crear uno nuevo al lado: para construir Belchite Nuevo, utilizó a los prisioneros republicanos como mano de obra. En la actualidad, las ruinas del Pueblo Viejo pueden visitarse y son un testimonio vivo de la destrucción causada por la guerra.

La nueva Ley de Memoria Democrática

La exhumación de la fosa común de Belchite forma parte del nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que actualmente está siendo debatido en el Congreso. La nueva ley prevé diferentes actuaciones para restablecer la memoria de las víctimas de la dictadura franquista: desde anular las sentencias franquistas hasta eliminar todos los símbolos franquistas de la vía pública, e incluye también un plan de exhumaciones.

El plan de exhumaciones pretende actuar sobre las fosas comunes abiertas durante la Guerra Civil y la dictadura. La mayoría se encuentran situadas en cunetas, tapias de cementerios o a las afueras de los pueblos y ciudades. En ellas están enterrados muchos combatientes y represaliados españoles, que fueron asesinados sin que sus familias pudieran localizarlos.

Entre las exhumaciones más destacadas, destacan las realizadas en los alrededores del Valle de los Caídos, monumento icónico del franquismo inaugurado en 1959. Su construcción se alargó 19 años y, además de obreros contratados, también hubo muchos presos políticos forzados a trabajar allí.

El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España: entre 1959 y 1983 se trasladaron allí más de 33.000 cuerpos, muchos de ellos sin conocimiento ni previa autorización de los familiares. Ahora 77 familias han solicitado la exhumación para tratar de localizar a sus familiares desaparecidos.

Con las exhumaciones se intenta poner fin a la existencia de miles de desaparecidos en España. Para las familias y asociaciones de memoria histórica, el objetivo no es solo aclarar los hechos sucedidos durante la Guerra Civil, sino también restituir la dignidad de las víctimas y promover la justicia.

Localizar a las víctimas: el problema de los datos oficiales

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la nueva Ley de Memoria Democrática es la falta de datos oficiales. Ahora mismo, no existen unas cifras concretas y actualizadas del número total de víctimas de la guerra y la posguerra, ni tampoco de las fosas comunes existentes.

Desde la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica en 2007, se trabaja en la elaboración de un mapa virtual de fosas comunes, cuya primera versión se presentó en 2011. El gobierno español reunió información procedente de los gobiernos regionales y de asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica

Según los datos del mapa creado en 2011, se conoce el paradero de 2.247 fosas comunes. De estas, 401 han sido exhumadas totalmente y 36 se exhumaron parcialmente.

Sin embargo, estos datos no coinciden con el informe forense elaborado por el Ministerio de Justicia en 2019. Este documento revela que desde el año 2000 se han exhumado 740 fosas comunes y se han recuperado más de 9.000 cuerpos.

Entre otros objetivos, la nueva ley pretende poner fin a este tipo de desfases en los datos oficiales y acabar con el problema de las cifras, además de crear un censo de víctimas que recoja información sobre los asesinados y represaliados del régimen de Franco.

El debate sobre las víctimas de la Guerra Civil española ha llegado hasta las Naciones Unidas (ONU). El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU valora positivamente la nueva ley, pero también ha reclamado al gobierno español que se apruebe lo antes posible para “garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”.

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