Golpe de Estado en Sudán

El ejército ha detenido a la mayoría de miembros del gobierno de transición que puso fin al régimen del dictador Omar al Bashir

El ejército de Sudán ha irrumpido en varios edificios gubernamentales y ha detenido a una parte del equipo de gobierno sudanés, incluido el primer ministro, Abdalá Hamdok, y cuatro de sus ministros, que permanecen bajo arresto domiciliario. Varios funcionarios y trabajadores del gabinete presidencial también han sido arrestados.

De momento no ha habido ningún mensaje oficial por parte de los militares, pero varios grupos pro-democráticos y organizaciones civiles temen que se trate de un golpe de estado. Por eso han llamado a la población a salir a la calle para protestar contra las detenciones y mostrar así su apoyo al gobierno.

Los militares se han desplegado por Jartum, la capital del país, y se han situado en las entradas principales de la ciudad para controlar la entrada y salida de vehículos. También se ha cerrado el aeropuerto y se han cancelado todos los vuelos internacionales.

Las fuerzas armadas también han entrado en los estudios de la televisión y la radio públicas, para controlar las emisiones y la información que llega a la población. Algunos medios denuncian también que se han cortado las comunicaciones y la conexión a internet.

La historia reciente de Sudán está marcada por las guerras internas y los golpes de estado. En la actualidad, el país vive una grave situación política y económica que se originó mucho antes de que el actual gobierno estuviera en el poder.

En diciembre de 2018, la población sudanesa salió a las calles para protestar contra la subida del precio de los alimentos y contra el régimen de Omar al Bashir, que había gobernado el país durante 30 años. Las protestas fueron masivas y se alargaron durante meses hasta que, en abril de 2019, las fuerzas militares llevaron a cabo un golpe de estado para derrocar al dictador.

Se instauró entonces un gobierno de transición compuesto por varios partidos políticos. Bajo la aprobación de la Junta Militar, este gobierno estaba encargado de poner en marcha varias reformas políticas y económicas para mejorar la situación del país. Sin embargo, dichas reformas no han acabado de funcionar y el malestar de la población se ha mostrado en nuevas protestas. 

A mediados de septiembre ya se produjo un intento de golpe de estado, lo que hizo aumentar las tensiones entre los diferentes partidos políticos y facciones que forman el gobierno provisional, que se acusan mutuamente de querer usurpar el poder.

Un país sumido en la pobreza

En 2011, tras décadas de conflicto, la región sur del Sudán se independizó y creó un nuevo estado: Sudán del Sur. Esta separación tuvo graves consecuencias económicas para Sudán, que perdió los beneficios procedentes de las explotaciones petrolíferas que se encuentran en Sudán del Sur: el dinero de la venta de petróleo suponía más de la mitad de los ingresos del gobierno sudanés, según datos del Banco Mundial.

La falta de ingresos ha perjudicado el crecimiento económico del Sudán y ha provocado la inflación de los precios, es decir: como los productos son difíciles de conseguir y hay muy pocos, los precios suben y son muy caros, pero los salarios siguen siendo igual de bajos para la mayoría de la población.

El resultado es que solo los más ricos pueden permitirse comprar alimentos y productos de primera necesidad. Según datos de Naciones Unidas, más de la mitad de la población sudanesa vive en la pobreza y el país ocupa el puesto 170 de 189 del Índice de Desarrollo Humano, un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país según factores como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita.

Por último, Sudán es uno de los principales países receptores de personas refugiadas en África, que escapan del hambre, la pobreza y los conflictos armados en otros países africanos. En los últimos meses ha recibido decenas de miles de etíopes que huyen del conflicto en la región de Tigre, pero también de sursudaneses que huyen de la guerra, la sequía y el hambre.

En la región de Darfur, al oeste del Sudán, hay más de 4 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria, la mitad de los cuales son personas desplazadas que viven en campos de refugiados.

El conflicto olvidado de Darfur

En agosto de este año, el gobierno de Sudán anunció que entregaría al ex dictador Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI), para que pudiera ser juzgado por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Darfur. Bashir se encuentra encarcelado en Sudán desde que fue depuesto en 2019.

En 2003, varias minorías étnicas que vivían en la región de Darfur se rebelaron contra el gobierno de Bashir, de mayoría árabe. Como respuesta, ordenó una campaña de limpieza étnica para acabar con todas las personas que pertenecieran a los mismos grupos étnicos que los rebeldes.

Durante años se bombardeó este territorio de forma indiscriminada, se destruyeron cientos de pueblos y arrasaron los cultivos. Según Naciones Unidas, más de 300.000 personas fueron asesinadas y 2,7 millones tuvieron que desplazarse para sobrevivir.

El gobierno de Sudán firmó un acuerdo de paz en 2006, pero los ataques continuaron hasta finales de 2008. Al año siguiente, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Bashir para juzgarle por genocidio. Fue el primer líder de Estado en ejercicio con una orden de arresto de la CPI en su contra.

Si el actual golpe de estado triunfa, muchos analistas creen que el ejército protegerá a Omar al Bashir y no lo entregará frente a la justicia internacional, ya que algunos de estos militares formaron parte de la campaña en Darfur y también cometieron los mismos crímenes.

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