Nueva condena contra la líder birmana Aung San Suu Kyi

La Junta Militar que controla el país alarga la condena de prisión de Suu Kyi, encarcelada desde hace casi un año

La política y activista Aung San Suu Kyi, que durante décadas ha luchado por los derechos democráticos en Birmania, ha sido condenada a cuatro años de cárcel. A sus 76 años, Suu Kyi está detenida desde febrero de 2021, acusada de varios delitos por la Junta Militar que controla el país.

Suu Kyi es la líder de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), partido que ganó las elecciones de Birmania en noviembre de 2020 con más del 80% de los votos. Aun así, los militares no aceptaron el resultado. Llevaron a cabo un golpe de estado e impidieron la formación de un nuevo gobierno elegido por el pueblo.

Desde entonces, la Junta Militar ha lanzado varias acusaciones contra Suu Kyi para evitar que pueda gobernar: desde fraude electoral hasta corrupción y violación de secretos oficiales. 

Ahora, la justicia birmana, que está controlada por los militares, ha declarado a Suu Kyi culpable de violar las leyes contra la pandemia y de saltarse las medidas de seguridad por haber participado en un acto electoral en noviembre de 2020. El tribunal también la ha condenado por posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones: según la investigación, la policía habría encontrado varios walkie-talkies y un inhibidor de señales en su casa. 

Estas dos sentencias suponen cuatro años de cárcel y se suman a otras dos condenas emitidas en diciembre, por las que la líder birmana fue condenada a otros dos años de prisión por incitar a la violencia e infringir las normas de prevención de la covid-19. 

Todos estos juicios se han celebrado a puerta cerrada y sin testigos. Además, las autoridades del país decretaron el secreto de sumario, por lo que los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre el caso.

Varias asociaciones de derechos humanos creen que las sentencias contra Suu Kyi son excusas utilizadas por la Junta Militar para legitimar el golpe de estado y apartar a la dirigente de la política. Según Amnistía Internacional, las fuerzas armadas estarían actuando para eliminar toda oposición a su gobierno y reprimir las libertades del país.

Un símbolo de la lucha por la democracia

Aung San Suu Kyi es la hija del general Aung San, quien lideró las revueltas contra el régimen colonialista británico y fue asesinado poco después de que Birmania firmara su independencia en 1947. Suu Kyi pasó gran parte de su infancia y juventud en el extranjero, ya que su madre era diplomática.

Tras la independencia se sucedieron varios gobiernos liderados por militares, hasta que en 1988 se llevó a cabo un golpe de estado que impuso una dictadura militar. Fue entonces cuando Suu Kyi decidió regresar a Birmania para impulsar un movimiento democrático.

La junta militar que gobernaba entonces organizó unas elecciones para dar una imagen democrática, pero no contaba con que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi arrasaría en las urnas. Los militares detuvieron a los opositores y anularon los resultados.

Fue el inicio del arresto domiciliario de Suu Kyi, que pasó 15 años sin poder salir de su casa entre 1989 y 2010. Se convirtió en un símbolo de la democracia y los derechos humanos e incluso recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991.

La NLD volvió a ganar en las elecciones generales de 2015 y Suu Kyi se convirtió en primera ministra birmana, aunque los militares siguieron ejerciendo una gran influencia sobre el gobierno. A pesar de su defensa de los derechos democráticos, la líder birmana también ha sido muy criticada por su inacción frente a los ataques contra la minoría rohingya. Suu Kyi nunca ha condenado públicamente la violencia contra esta minoría.

Las consecuencias de la dictadura militar

Desde el golpe de estado de febrero, miles de manifestantes pacíficos han salido a las calles para protestar contra la dictadura militar y la falta de libertades en Birmania.

No obstante, el ejército ha reprimido con violencia cualquier tipo de protesta contra el gobierno de la Junta Militar. Según datos de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPPB), entre febrero y diciembre de 2021 los militares han asesinado a más de 1.400 personas y arrestado a más de 11.000.

La crisis política ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Más de 280.000 birmanos se han visto desplazados por la inseguridad y la violencia, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). Las Naciones Unidas alertan de que tres millones de personas dependen de la ayuda humanitaria en el país, ya que los enfrentamientos han destruido vivindas y servicios básicos, dificultan el acceso a alimentos e impiden el funcionamiento de escuelas, hospitales y negocios.

Por último, la persecución de la etnia rohingya ha empeorado desde que las fuerzas militares tomaron el poder. Esta minoría musulmana lleva décadas siendo discriminada por el gobierno y la población birmana, de mayoría budista. Desde 2017, más de 700.000 rohingyas han abandonado el país huyendo de la violencia y viven en campos de refugiados en Bangladesh.

¿Birmania o Myanmar?

En español existen dos nombres para denominar a este país asiático: Birmania y Myanmar. El primero era el nombre del país antes del golpe de estado de 1989, cuando la nueva junta militar lo cambió por Myanmar. Existen razones a favor y en contra de ambos nombres.

Birmania es la adaptación al español de Burma, el nombre que los ingleses dieron a esta región durante el siglo XIX. Burma se convirtió en una parte más de las colonias del Imperio Británico en la India. Por eso, algunos critican que se trata de un nombre impuesto por colonizadores.

Tras el golpe de Estado de 1989, los militares cambiaron el nombre por Myanmar, uno de los nombres históricos de la región. Muchos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, utilizan esta denominación de forma oficial. Sin embargo, también hay críticas: el hecho de que fuera un nombre impuesto por un régimen dictatorial que asesinó a miles de personas.

A día de hoy, todavía no existe un consenso internacional y los gobiernos e instituciones utilizan una forma u otra dependiendo de su propio criterio.

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