El gobierno portugués aprueba diferentes medidas para garantizar el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria
El derecho a la vivienda es un derecho universal que permite a las personas tener un espacio en el que sentirse seguras, dormir, alimentarse, estar con su familia y crear su propio proyecto vital. No obstante, para millones de personas, este derecho no está garantizado.
Hablamos de personas en países en conflicto o regiones sin recursos, donde es muy difícil tener acceso a una vivienda digna que cumpla con unas mínimas condiciones de seguridad, confort e higiene. Pero también de los países más ricos, donde el mercado inmobiliario ha disparado los precios de las casas y ha dejado a miles de personas en la calle o en viviendas precarias.
Ante esta situación, algunos gobiernos han empezado a actuar para limitar el precio de la vivienda y garantizar este derecho a la ciudadanía. Es el caso de Portugal, que prohibirá nuevas licencias para pisos turísticos, que son viviendas que se destinan al alquiler temporal para visitantes que están de paso. Esto proporciona grandes beneficios a los propietarios, que obtienen mucho dinero en pocos días.
El problema de este modelo de negocio es que está dejando sin opciones de vivienda a muchas personas locales, sobre todo en el centro de las ciudades porque son las zonas más turísticas. Los propietarios prefieren ganar más dinero alquilando un piso unos días al mes que teniendo un alquiler mensual con una familia, por ejemplo, que paga un precio fijo establecido por contrato.
Por otro lado, el gobierno portugués también ha anunciado la eliminación de los golden visa, un visado especial que concede el permiso de residencia en Portugal a cambio de realizar inversiones en el país: comprar inmuebles, crear empresas, invertir en proyectos locales... Esta medida se implantó para atraer dinero y promover la economía, pero a largo plazo las inversiones se han destinado a viviendas de lujo o para extranjeros, no para la población local.
Portugal sigue así los pasos de Canadá, que hace un mes presentó una nueva ley que prohíbe comprar casas a los extranjeros que no vivan de forma permanente en el país. Esta medida tiene como objetivo evitar la especulación inmobiliaria, que convierte las casas en mercancías en lugar de considerarlas un derecho fundamental.
El problema de la vivienda en las ciudades
Desde el siglo pasado, millones de personas se han trasladado del campo a las grandes ciudades, donde se concentran la mayoría de empresas y oportunidades de trabajo. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos y dos terceras partes lo harán en 2050, según datos del Banco Mundial.
En este contexto, la dificultad para acceder a una vivienda digna es uno de los principales problemas. A la alta demanda se suman otros factores como los pisos turísticos o los inversores extranjeros, que convierten edificios de viviendas en apartamentos de lujo y provocan una subida de precios generalizada.
Las consecuencias de este modelo inmobiliario afectan a la población local y, especialmente, a las personas con menos recursos económicos. Cuando el precio del alquiler sube, muchas personas se ven obligadas a irse del barrio donde han vivido toda la vida. Este proceso se llama gentrificación: cuando los vecinos de clases más bajas acaban siendo sustituidos por gente con un nivel económico superior. Esto repercute también en los negocios tradicionales, las entidades locales y la vida comunitaria.
Los ayuntamientos no suelen tener competencia para regular los precios de la vivienda, así que la responsabilidad recae en el gobierno de cada país. No obstante, los gobiernos tampoco pueden obligar a los propietarios a alquilar sus pisos por un precio más bajo o en contratos de larga duración, porque eso iría en contra de la ley del mercado y de su derecho a hacer negocio.
Lo que sí pueden hacer es aprobar medidas para promover un alquiler accesible, como ceder terrenos a cooperativas de vivienda para que construyan alojamientos a un precio accesible, o alquilar los pisos de propietarios privados y actuar como avaladores para garantizar el pago. También pueden ofrecer beneficios fiscales a los arrendadores que ofrezcan sus pisos a un precio asequible y crear leyes que obliguen a destinar un porcentaje de las vivienda a alquiler social.
Regulación del alquiler en Europa
El problema de la vivienda existe en la mayoría de países europeos. La Unión Europea no tiene competencias en materia de vivienda (no puede regular precios a nivel europeo) así que cada país aplica sus propias leyes para tratar de garantizar este derecho.
En ese sentido, la regulación del alquiler depende mucho del contexto social e histórico de cada país. Destinar por ley una parte del parque de viviendas a alquiler social es muy habitual en países del centro y norte de Europa, como Austria, Holanda, Francia o Dinamarca, mientras que en los países del sur de Europa el mercado no está tan controlado y eso favorece a los intereses privados.
En Alemania, cada land o estado federal puede establecer sus propias leyes. En las zonas más densamente pobladas, los gobiernos municipales pueden fijar un precio de referencia del alquiler (se calcula haciendo una media entre los alquileres ya existentes) y los nuevos contratos no pueden superarlo.
Berlín es una de las capitales europeas más afectadas por la especulación y la subida de precios está expulsando a muchos inquilinos del centro. En 2019, el gobierno local intentó establecer un límite en el precio del alquiler, pero la medida fue anulada dos años después por el Tribunal Supremo alemán.
En Francia pasó algo parecido: la ley ALUR de 2014 intentó frenar la subida de precios en París, una de las ciudades más caras de Europa. Los alquileres no podían subir más allá del 20% de un precio fijado en cada barrio y las viviendas vacías debían pagar un impuesto. Pero los tribunales tumbaron la ley en 2017 y los precios volvieron a dispararse. Ahora, la medida vuelve a aplicarse de forma experimental en París y Lille.
Suecia tiene uno de los modelos más restrictivos con el objetivo de proteger a los inquilinos. En este país, los sindicatos de inquilinos tienen una gran influencia e intervienen en las negociaciones junto con el gobierno y los propietarios. Cada ayuntamiento establece los precios del alquiler y el sector privado no puede subirlos más de un 5%.
Limitar el precio en grandes ciudades y promover más alquiler social: ¿cómo regulan los alquileres en Europa?
— RTVE (@rtve) January 12, 2023
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