Cada vez más líderes ecologistas son perseguidos y atacados por defender la naturaleza en sus países
En 2020 un total de 227 activistas y defensores de la naturaleza fueron asesinados por intentar proteger los ecosistemas y la biodiversidad de la Tierra. Se trata del número más alto registrado por la ONG Global Witness, que desde 2012 recopila información sobre la lucha ecologista en todo el planeta.
Los portavoces de Global Witness denuncian que estos crímenes a menudo van acompañados de amenazas, ataques e incluso abusos sexuales por parte de los agresores. Además, aseguran que estas cifras seguramente son mucho mayores, ya que muchas agresiones no se denuncian por miedo a mayores represalias.
El informe titulado La última línea de defensa destaca que en 2020, incluso cuando la pandemia obligó a detener gran parte de la actividad económica en el mundo, murieron más activistas que el año anterior.
Según el documento, el 70% de los ataques tuvieron como objetivo a personas que trabajan contra la deforestación, intentando preservar los bosques y selvas de nuestro planeta. Además, más de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.
Detrás de los crímenes contra ecologistas suele haber personas con grandes intereses económicos sobre la tierra y los recursos naturales: políticos o empresas que quieren sacar beneficios explotando reservas protegidas o tierras que pertenecen a familias de agricultores desde hace generaciones.
Es el caso de la ecologista hondureña Berta Cáceres, que durante años luchó contra un macroproyecto para construir varias presas hidroeléctricas que habrían supuesto la privatización y contaminación de los ríos, además de desplazar a las comunidades indígenas. Cáceres fue asesinada en 2016 y sus familiares y compañeros siguen luchando para que se condene a los autores intelectuales de su asesinato.
#ENVIDEO📹| La justicia hondureña🇭🇳 ha condenado al primero de los autores del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 7, 2021
Se trata de Roberto Castillo, gerente general de la empresa hidroeléctrica #DESA
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Comunidades indígenas, las más vulnerables
Por segundo año consecutivo, Colombia fue el país más afectado por la violencia contra medioambientalistas: 65 activistas fueron asesinados en 2020. Durante el confinamiento por la pandemia, los líderes ecologistas dejaron de recibir protección del gobierno y fueron atacados en sus propias casas.
La población colombiana también sufre las consecuencias del conflicto entre el Estado y las guerrillas, que se alargó durante medio siglo y todavía divide a los colombianos en dos bandos. A pesar de los Acuerdos de Paz de 2016, mucha gente sigue identificando a los indígenas y líderes rurales como herederos de los guerrilleros, y por este motivo son perseguidos y atacados en muchas partes del país.
México es el segundo país con mayor número de activistas asesinados (30), la mitad de los cuales pertenecían a comunidades indígenas y defendían sus derechos ante las grandes empresas que quieren desplazarlos de sus tierras para explotar los recursos naturales. El informe de Global Witness destaca también la impunidad de los crímenes, ya que el 95% de los casos no han sido investigados ni juzgados.
El tercer país de la lista es Filipinas, donde los defensores de la naturaleza son perseguidos por el gobierno y el ejército. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, fue elegido en 2016 y desde entonces ha llevado a cabo una campaña de acoso y persecución contra entidades ecologistas que a día de hoy ha provocado la muerte de 166 personas, 29 de ellas en el último año.
Desigualdad en el Sur Global
Los países del hemisferio sur, también llamados el Sur Global, son los más afectados por la crisis climática debido a la falta de recursos e infraestructura para combatir el cambio climático y sus consecuencias. De los 227 asesinatos registrados en 2020, 226 tuvieron lugar en países de esta región.
La falta de recursos suele ir acompañada de una gran desigualdad: los más ricos tienen el dinero y la fuerza para acabar echando a los pueblos indígenas de sus tierras, aunque esto suponga violar sus derechos. La falta de medios de comunicación libres que puedan informar sobre estos crímenes también aumenta la sensación de impunidad de las grandes empresas, que actúan sabiendo que nadie les juzgará.
Tal como denuncia Global Witness, la crisis climática se convierte en una crisis humanitaria que prioriza los beneficios económicos por encima de los derechos humanos e impulsa la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente.
En ese sentido, la ONG demanda a los gobiernos que protejan a los defensores de la naturaleza y aprueben leyes que sirvan para controlar a las empresas, sus acciones y sus ganancias, además de exigirles responsabilidad cuando no las cumplan.
